El cuidado es un bien público esencial para el funcionamiento de las sociedades, un derecho fundamental y una necesidad en diversos momentos del ciclo de vida. En América Latina, la forma en que es provisto origina desigualdades profundas. Estas se expresan en una organización social que asigna a las mujeres el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, con frecuencia, a expensas de su bienestar, oportunidades laborales y protección social, bajo la ausencia de respuestas públicas suficientes y adecuadas para quienes requieren de cuidado y sus cuidadoras, y una oferta de mercado sumamente segmentada.

En años recientes, se observa una inflexión en este panorama y las políticas de cuidado comienzan a figurar de manera más explícita en una normativa internacional y regional en construcción, y se constata una institucionalidad naciente. En este documento se plantean tres aspectos centrales para el debate regional sobre estas políticas. En primer lugar, las políticas de cuidado deben articularse a los sistemas de protección social en expansión en los países. En segundo lugar, estas políticas públicas deben responder a un enfoque de igualdad de género con un diseño que articule una oferta para personas que requieren cuidados y los proveen y que promueva cambios en la división sexual del trabajo vigente y mayor corresponsabilidad. En tercer lugar, debido a su naturaleza multidimensional, es necesario avanzar en respuestas integradas y no fragmentadas y sectoriales frente a los derechos que se busca garantizar. Para ello los Mecanismos para el Adelanto de la Mujer deben participar activamente en su institucionalidad.